Compromiso Ético
por la Regeneración
Democrática
El goteo de irregularidades en distintas Administraciones Públicas y la acumulación
de graves escándalos de corrupción dañan la credibilidad de las instituciones
y de la política, atentan contra el patrimonio público, socavan las bases mismas
del sistema democrático, provocan la desafección ciudadana y dan pábulo a la
afirmación injusta de que “todos son iguales”, abonando el terreno al populismo.
Cabe afirmar, ante todo, que la mayoría de los políticos españoles son honrados.
Los 8.115 Ayuntamientos están formados por más de 65.000 concejales electos,
de los que el 80% no recibe ingresos. Pero en la última década, los casos de
corrupción se han multiplicado en todo el país, especialmente en el litoral mediterráneo
y otras zonas que han experimentado un desarrollo urbanístico exorbitado.
Los corruptos y los corruptores, dirigentes de empresas en algunos casos o intermediarios
avispados, dañan la política. Y también dañan a la economía, incrementando
los precios de las obras, productos y servicios; alimentando el déficit
público y la inflación; falseando la competencia y desincentivando al contribuyente
honrado que constata el uso indebido de sus impuestos.
Cuando incurren en el delito de corrupción, los cargos electos o con responsabilidades
en las Administraciones Públicas desprecian los principios democráticos de
honradez, transparencia, rendición de cuentas y vocación pública que legitiman
la delegación de soberanía que el pueblo les confiere.
La corrupción en España ha sido y es inseparable de los desvaríos de un modelo
productivo, económico y financiero que ha alimentado la especulación y las prácticas
delictivas, especialmente en materia urbanística y en el sector de la construcción,
con un crecimiento explosivo del parque residencial, que desde 2001 ha
crecido más de un 20%, en un proceso de urbanización sin precedentes en los
últimos quince años y sin parangón en Europa. El fraude fiscal generalizado y la
persistencia de la economía sumergida es igualmente un terreno abonado para la
corrupción. A todo ello se añade la insuficiente regulación y supervisión de los
mercados financieros, unido a una pérdida de valores éticos y morales en una
cultura que ha entronizado el dinero como valor absoluto. No hay corrupto sin
corruptor y nadie cobra si alguien no paga. Por ello hay que ser tan duro con el
corruptor como con el corrupto.
Compromiso Ético
por la Regeneración
Democrática
La corrupción también ha sido facilitada por una legislación débil e insuficiente, la Ley
30/2007 de Contratos del Sector Público; por la utilización clientelar de las instituciones,
la externalización abusiva de actividades desempeñadas por funcionarios y
empleados públicos, la insuficiente coordinación entre los órganos administrativos, la
debilidad de los controles políticos, la escasez de medios de la Fiscalía Anticorrupción
y del Tribunal de Cuentas, la lentitud de la Justicia y la falta de transparencia y control
de los procedimientos de recalificación urbanística y de contratación pública.
Por otra parte, el déficit de financiación municipal ha llevado a una dependencia
excesiva de los ingresos derivados del urbanismo, impulsando la burbuja inmobiliaria
y sembrando un terreno propicio a la corrupción. El incumplimiento por los
sucesivos gobiernos del compromiso de reforma del sistema de financiación local
ha llevado a numerosos Ayuntamientos a una situación económica y financiera
insostenible. La cesta de ingresos de las administraciones está muy desequilibrada
en beneficio del Estado, que absorbe un 50% y las Comunidades Autónomas,
un 37%, mientras los municipios tan sólo reciben el 13%.
La falta de transparencia y los obstáculos que frenan la participación ciudadana,
el menosprecio de los valores éticos y solidarios, contribuyen también a la aceptación
de este fenómeno delictivo y a propiciar una cultura colectiva basada en el
individualismo y el egoísmo, en detrimento de los intereses generales.
La corrupción en España ha sido también alimentada por las carencias una Ley
Electoral injusta y por una Ley de Financiación de Partidos meramente instrumental
y opaca, destinadas ambas a favorecer el bipartidismo e incrementar el gasto
de las campañas electorales.
El llamado “
demostrado su escasa utilidad desde su celebración en 1998, debido a la utilización
cínica de varias varas de medir según los infractores sean de un partido
adverso o del propio.
Los miembros del Gobierno, los altos cargos y los representantes del pueblo en las
instituciones parlamentarias y en los Ayuntamientos deben dar ejemplo, entregar sus
declaraciones de la renta, de actividades y de bienes patrimoniales e intereses, respetando
el régimen de incompatibilidades que garantice su plena dedicación o que no se
produzca un choque de intereses con otras actividades ajenas a su cometido público.
Para mejorar el nivel de transparencia y colaboración de los Gobiernos Locales en
la formación y rendición de sus Cuentas Generales al Tribunal de Cuentas, habría
Pacto contra el Transfuguismo” suscrito entre las fuerzas políticas haque generalizar la implantación telemática de la Plataforma de rendición de cuentas
y simplificar el procedimiento establecido para los 6.800 Ayuntamientos con
menos de 5.000 habitantes, o bien proporcionarles los medios materiales y personales
necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones legales.
Por todo ello y ante la inminencia de las Elecciones Municipales y Autonómicas
del próximo 22 de mayo,
UNIDA ASUMEN LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:
1.
públicos locales. Plantearemos que los mismos se fijen con criterios de transparencia
y austeridad y que se hagan públicos de una manera eficaz y accesible.
2.
cada modificación urbanística y proceso de contratación de obras o servicios
públicos, de todo aquél que participe en el mismo, sean alcaldes, concejales,
o funcionarios. Se realizaría siguiendo el modelo de declaración de conflicto
de intereses que se aplica a la investigación científica.
3.
a los cargos públicos o funcionarios municipales. Se creará un Registro
Público de Obsequios e Invitaciones Institucionales.
4.
todos los altos cargos de Gobiernos Municipales, así como de los miembros
de las Comisiones Provinciales y Autonómicas de Urbanismo y Responsables
de contratación de Obras y Servicios en relación con responsabilidades o
actividades empresariales o profesionales vinculadas al sector de los servicios,
la construcción y el urbanismo.
5.
deberes. En particular, se garantizará que los concejales que se encuentren en la
oposición puedan ejercer sus funciones de fiscalización y control de los contratos
y adjudicaciones municipales formando parte de los órganos de contratación y
facilitándoles toda la documentación e información administrativa.
6.
Oficina que será la encargada de la vigilancia y supervisión del estricto cumplimiento
Regular el Registro de Intereses de los responsables públicos a través de unade la legislación vigente en materia de incompatibilidades y
conflictos de intereses, así como de la custodia de los Registros de Actividades
y de Bienes y Derechos Patrimoniales. Se propondrá la obligación de
hacer público el contenido de esta Declaración a través de los medios municipales
existentes (páginas web, información municipal…
7.
dato de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus responsabilidades
como cargos públicos.
8.
corrupción, con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre
designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción
política o urbanística,
9.
para garantizar la transparencia y la ética en las instituciones, poniendo en
marcha mecanismos estables de participación que permitan la intervención
y el conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones que se
adopten en materia urbanística y de contratación. Se harán públicos los
procesos de contratación a través de los mecanismos: publicaciones, páginas
Web… En esta misma línea solo se delegarán competencias de Pleno en las
Juntas de gobierno con carácter excepcional, para garantizar la participación
de la oposición en la toma de decisiones y la participación de los ciudadanos.
10.
apoyar la formación de grupos nuevos en los que participen cargos declarados
tránsfugas.
FIRMADO:
CANDIDATOS Y CANDIDATAS
DE IZQUIERDA UNIDA
No conformar gobiernos locales con desertores de otras fuerzas políticas ni8 de Abril de 2011
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